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HONDURAS
- PADRE TAMAYO
Dictadura hondureña amenaza con expulsar al sacerdote
Andrés Tamayo
La
dictadura de Honduras amenazó al sacerdote católico
Andrés Tamayo de expulsarlo del país por
apoyar el regreso del presidente legítimo, Manuel
Zelaya, quién fue derrocado por un golpe de Estado
el pasado 28 de junio.
Oscar
Raúl Matute, encargado de justicia a nombre del
dictador Roberto Micheletti, dijo que "si el religioso
no observa el respeto de las leyes hondureñas no
se descarta esa posibilidad".
La
amenaza de expulsar a Tamayo se adoptó luego de
las investigaciones por parte del Gobierno de facto sobre
la supuesta implicación del religioso en actos
delictivos durante las marchas a favor de "Mel"
Zelaya.
Tras
el golpe de Estado contra el presidente constitucional,
Manuel Zelaya, el padre Tamayo se sumó al Frente
de la Resistencia y ha declarado abiertamente su rechazo
al régimen instalado en Tegucigalpa.
"Lo
que veo es que simplemente el poder se ha apoderado de
todo, hasta de la conciencia del pueblo, él es
el que tiene todo el mando, todas las decisiones, uno
no es libre, en ningún momento, es lo que han hecho
a través de la radio, a través de sus periodistas
y analistas; le han robado la conciencia a la gente, no
los dejan hablar, sólo transmiten lo que ellos
quieren, cada día hay más violencia, los
militares tratan de intimidar al pueblo para que no salga
a las calles, tratan de meterse a las casa para que la
gente no salga", expresó el sacerdote a principios
de julio pasado, desde la clandestinidad.
Tamayo,
originario de El Salvador, renunció a su nacionalidad
para obtener la hondureña, pues deseaba luchar
por la preservación de los recursos naturales del
país centroamericano.
Sobre
las declaraciones del funcionario de facto, Tamayo aseguró
que "es una persecución política que
están haciendo con mi persona y yo quería
preguntarle al mismo gobierno que si es delito acompañar
a un pueblo, me siento seguro de lo que hago, me siento
firme, no voy a claudicar, no voy a retroceder, estas
amenazas tampoco a mi me van a debilitar (...) lejos de
eso me hacen más fuerte".
Desde
que tomó el poder por la fuerza, el gobierno de
facto ha venido emitiendo órdenes para expulsar
a personalidades internacionales que se oponen al golpe
de Estado.
Ejemplo
de ello fue la orden que emitieron de expulsar a diplomáticos
venezolanos y argentinos y las amenazas sufridas por los
equipos periodísticos de teleSUR y de la estatal
Venezolana de Televisión (VTV) para que abandonaran
el país.
El
12 de julio, funcionarios del gobierno de facto de Honduras
arrestaron a los equipos periodísticos de teleSUR
y de VTV, les dijeron que no regresaran al hotel donde
se hospedan, que se dirigieran directo al aeropuerto pues
en ese país "no hay nada qué informar"
y argumentaron, en tono amenazante, que estos atropellos
eran responsabilidad del presidente de Venezuela, Hugo
Chávez.
Por
su parte, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en su más reciente visita finalizada
el viernes pasado, recibió denuncias por parte
de movimientos sociales y cientos de personas, quienes
les expusieron pruebas que evidenciaban diversas violaciones
a los derechos fundamentales por parte de los organismos
militares y policiales al servicio del Gobierno de facto.
En
su informe preliminar, este organismo adscrito a la Organización
de Estados Americanos (OEA), instó al Ejecutivo
de facto de Micheletti a "investigar, juzgar y condenar
a los responsables de las violaciones a los derechos humanos"
y denunció, entre otras cosas "la existencia
de un patrón de uso desproporcionado de la Fuerza
Pública, detenciones arbitrarias y control de la
información dirigido a limitar la participación
política de un sector de la ciudadanía",
que se ha manifestado en contra de la instalación
de un gobierno de facto.
La
misión del organismo añadió que el
gobierno ilegal dirigido por Roberto Micheletti ha aplicado
arbitrariamente toques de queda, ha detenido a miles de
personas y ha practicado "tratos crueles, inhumanos
y degradantes, y malas condiciones de detención".
La
pasada semana 24 personas fueron detenidas después
de haber sido brutalmente golpeados y heridas de gravedad,
tras ser acusados de manifestaciones violentas (pese a
que muchos de ellos no participaban de ninguna protesta)
y se convirtieron en los primeros presos políticos
del gobierno inconstitucional.
Asimismo
una nota del Frente Nacional contra el Golpe de Estado
en Honduras, publicada el jueves pasado, comunicó
que el Gobierno de facto ha venido haciendo audiencias
ilegitimas, dando prisión preventiva, medidas sustitutivas
y arrestos domiciliarios. (TELESUR/Tegucigalpa)
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