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CENTROAMERICA
- Ley de amnistía
Deroguen la ley de amnesia
Si la amnesia significa una patología psíquica
por la que un individuo se ve impedido de recordar, la
amnistía genera una patología social por
la cual a una colectividad se le quiere imponer el olvido.
Lejos de sanar heridas o evitar abrirlas, como se ha argumentado,
la amnistía enferma a la sociedad, la vuelve amnésica.
Impide la posibilidad del perdón, pues elude conocer
la verdad y desmotiva el reconocimiento de la culpa y
el arrepentimiento. Es garantía legal de impunidad.
Es sinónimo de injusticia. Es ésta una ley
injusta.
"Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla".
Las palabras son de Monseñor Romero. Un día
antes de ser asesinado hacía un llamado, a soldados
y guardias nacionales, a desobedecer órdenes contra
la ley de Dios. Treinta años más tarde y
en otro contexto, considero que la frase del obispo-mártir
mantiene su vigencia. Es más, bien podría
aplicarse a la ley que impide justamente investigar y
llevar a la justicia a quienes lo mataron. La ley de amnistía
es una ley inmoral.
Ninguna ley de amnistía puede aplicarse a casos
de crímenes de lesa humanidad. Así lo dicta
el moderno derecho internacional. Tampoco son ésos
delitos que prescriban. Son, por definición, imprescriptibles
y no amnistiables. La ley de amnistía de 1993 resulta
inútil, pues en estos delitos contra la humanidad
es inaplicable.
El argumento de "inconveniencia" en derogar
la ley confunde la idea de reconciliación con el
simplismo del "borrón y cuenta nueva".
Es una afrenta a las víctimas y sus familiares.
El proceso de negociación estableció como
propósito "reunificar la sociedad salvadoreña",
pero nunca contempló la impunidad para los graves
hechos violatorios de los derechos humanos cometidos durante
el conflicto. Al contrario, promovió la conformación
de una Comisión de la Verdad para que los investigara
y rindiera su informe a las partes y a la ONU. La Ley
de Amnistía General para la Consolidación
de la Paz, decretada el 20 de marzo de 1993 y publicada
dos días más tarde, fue unilateralmente
impulsada por una de las partes para incumplir sus recomendaciones.
No tiene nada que ver con la Ley de Reconciliación
Nacional, enero de 1992, que viabilizó la solución
política negociada. Maliciosamente hay quien las
confunde para decir que la paz necesitó de la amnistía.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador dictaminó
en 1999 que "un gobierno no puede amnistiarse a sí
mismo". El caso jesuitas con tal razonamiento quedaba
excluido de la ley de amnistía, impulsada como
iniciativa de ley por el Presidente Cristiani, dado que
el crimen se cometió durante su administración.
Con similar lógica jurídica se podría
preguntar ¿puede un régimen político
amnistiarse a sí mismo? ¿Podían los
diputados de la Asamblea Legislativa de 1993 tender ese
manto de impunidad sobre crímenes horrendos cometidos
a partir de 1980?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
CIDH, estudió el caso de Monseñor Romero
y emitió recomendaciones. El Estado salvadoreño,
cuyo máximo representante en tanto Jefe de Estado
es Mauricio Funes, ha reconocido, por primera vez, que
la CIDH tiene jurisdicción y que sus recomendaciones
son "vinculantes", es decir, obligatorias. Una
de ellas exige a El Salvador "adecuar la legislación
interna" a la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, es decir, traduciendo los términos
jurídicos: derogar la ley de amnistía de
1993.
Habrá
que hacerlo. El dictamen lleva años esperando sea
acatado. No hacerlo equivaldría a declarar al Estado
salvadoreño "al margen de la ley". En
algún momento habrá que hacerlo.
¿Por qué seguir esperando? ¿Tiene
sentido darle más largas? ¿Acaso no es ahora
un momento propicio? Sólo se le oponen mezquinos
cálculos políticos o una flagrante falta
de entereza. La sociedad toda espera. En especial las
víctimas: esperan, todavía esperanzadas.
Pero con impaciencia. Los olvidados de la historia no
pueden resignarse, ante el silencio oficial y el olvido
decretado. Sobre todo porque a la par de los monumentos,
plazas y calles erigidos en memoria de los mártires,
se mantienen las calles, plazas y monumentos en honor
a presuntos o comprobados victimarios.
Mejor
que sigan ahí, mudo recordatorio al horror que
padeció el país, testimonio de la injusticia
del poder, de lo imposible que es para este pueblo olvidar,
de la obcecación y fanatismo de sus opresores,
negados a pedir perdón y a dejarse perdonar.
(EL
FARO/ Ribera)
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