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Està
Procuraduria mantiene un seguimiento de los hechos relacionados
con la introducción del proyecto hidroeléctrico
de la represa "El Chaparral", en el departamento
de San Miguel, frente al cual, las poblaciones especialmente
afectadas han mantenido una total oposición, por
considerar que en el diseño y ejecución
de està obra se han vulnerado sus derechos humanos
fundamentales, los cuales no han sido tomados corno màxima
prioridad.
Al
respecto y en fundamentado a las investigaciones y en
las denuncias que se han realizado en està Institución,
deseo resaltar, con mucha preocupación, que este
proyecto ha carecido de elementos esenciales, como el
acceso a la información y la consulta pùblica,
que no han sido generadas por el Estado de una manera
clara, oportuna y suficiente, para que la población
libre y previamente pudiera establecer su posición
al respecto.
Como
Procurador soy de la opinión que la participación
ciudadana y la negociación son fundamentales en
la instauración de un Estado democràtico
de derecho y se vuelven pilares importantes para propiciar
la paz social y la armonia entre la sociedad; sin olvidar
que el Estado debe estar al servicio de sus ciudadanos
y ciudadanas, por lo que todo su actuar, debe encaminarse
en la bùsqueda del desarrollo, sin que ello implique
impactar en los intereses y derechos de aquéllos,
mucho menos cuando se trata de poblaciones en situaciones
de vulnerabilidad, pues ello incrementa la exclusión
social y la pobreza.
En
ese sentido, considero importante recordar que este tipo
de proyectos producen problemas ambientales cuando las
modalidades de explotación de los recursos naturales
sobrepasan la capacidad de generación, al producir
la degradación de los ecosistemas y que amplios
sectores de la población renuncien a sus medios
de vida, su arraigo y diversas afectaciones a sus derechos,
es decir un costo ambientai y social que redunda en un
deterioro en la calidad de vida.
Considero,
por tanto, que para que exista una protección eficaz
de los derechos humanos de las comunidades afectadas es
necesario crear mecanismos que aseguren su participación
como ciudadanos y ciudadanas libres e iguales en la adopción
de las decisiones que afectan su supervivencia; elo implica,
necesariamente, escuchar su voz y satisfacer sus demandas
y reclamaciones antes de adoptar decisiones sobre las
prioridades del desarrollo, en el cual se debe tener claramente
establecido que su justificación descansa en la
bùsqueda del bienestar humano, mediante el equilibrio
de lo social, lo econòmico y ambientai; situación
que a la fecha no ha sido valorada y considerada para
el presente caso.
La
Comisión Mundial para las Represas, ha considerado
en su Informe final del ano 2000, denominado Represas
y Desarrollo. Un nuevo marco para la toma de decisiones,
que en el desarrollo humano las represas han reportado
una contribución importante y significativa, por
lo que sus benefìcios han sido considerables para
la humanidad, sin embargo en demasiadas ocasiones se ha
pagado un precio que es inaceptable y, muchas veces, innecesario
para alcanzar esos beneficios, por lo que la falta de
equidad en la distribución de los mismos ha vuelto
cuestionable el valor de muchas represas, cuando son comparadas
con otras alternativas, por lo que la Comisión
establece que la respuesta a està inquietud no
puede surgir de una sola perspectiva sino que refleje
un enfoque comprensivo que integre dimensiones sociales,
ambientales y económicas del desarrollo.
Por
tanto, en mi calidad de Procurador para la Defensa de
los derechos Humanos, insto al actual Gobierno Central
para que adopte un posición clara firente a los
proyectos que supliran la necesidad energètica
del pais, los cuales deben procurar el bienestar de la
población, a través del respeto y garantía
de los derechos humanos, sin excepción.
Hago
un llamado para que en el presente caso, se identifìque
y reconozca a las partes interesadas y afectadas, asi
corno los derechos que les han sido conculcados a estos
ultimos; se proceda a la evaluación de la conveniencia
y los riesgos que se han generado por el proyecto hidroeléctrico
en referencia; a fin de iniciar un diàlogo que
abra un proceso de toma de decisiones. en el que se considera
las alternativas mas viables, con acceso a información
que permita alcanzar acuerdos basados en el pieno respeto
de los derechos y libertades fundamentales, procurando
un desarrollo integral de las poblaciones.
Asimismo,
que se tome en consideración que las personas cuyos
derechos se ven mas afectados, tierien el máximo
interés en las acciones que se irnplementen y,
por tanto, deben ocupar un lugar en la mesa de negociación,
para la cual y con base en mi mandato constitucional y
legai ofrezco la Sede de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos y encontrar una solución
a la presente problemàtica.
Finalmente,
està Institución advierte que su posición
no es contraria al desarrollo y los proyectos que este
implique, siempre y cuando se realicen de manera sostenible
y su ejecución no menoscabe los derechos humanos
y las libertades fundamentales de las poblaciones, punto
que será de constante seguimiento por esta Procuraduría.
San Salvador, 22 de Julio de 2009
Lic.
Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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